Rehabilitación
La rehabilitación de los edificios suele asociarse a una necesidad puntual debida a algún problema o deterioro de una parte de los mismos. Sin embargo, recientemente, las Administraciones Públicas están incorporando un nuevo concepto: la rehabilitación térmica. Si hay que rehabilitar, debe hacerse con criterios energéticos. La razón es muy simple: en España más de la mitad de los edificios están construidos sin la protección térmica adecuada; es decir, sin el necesario aislamiento térmico.
Por otro lado, España tiene una dependencia energética del exterior superior al 80%, por lo que cualquier medida de ahorro de energía resulta muy beneficiosa, en primer lugar, para la factura energética del consumidor y, en segundo lugar, para la economía de todo el país.
La reciente entrada en vigor del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) pretende, entre otros objetivos, reducir el consumo energético de los edificios mediante una legislación más exigente.
La actividad de rehabilitación no sólo es susceptible de atender los objetivos de eficiencia energética y de recuperación económica, sino también de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como en los espacios urbanos. Para ello, la Estrategia para el Medio Ambiente Urbano se ha de jugar en la consecución de la máxima ecoeficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada, y en la que se destaca la importancia de la regeneración urbana integrada.
La rehabilitación se enmarca, pues, en la necesidad de operar, paralelamente, sobre el patrimonio inmobiliario existente a los efectos de contribuir al ahorro energético, y en la lucha contra el cambio climático, inducido por los gases de efecto invernadero, y que en el marco de la Unión Europea, España debe reducir en el año 2020 un 10 % de las emisiones de los sectores difusos, con respecto al año 2005. Dentro de estos sectores se encuentra el residencial, el cual, conjuntamente con el sector comercial e institucional representa un 22 % de las emisiones difusas, entre ellas, las derivadas del consumo eléctrico.